Tlatlauquitepec, Pue.- El gobierno municipal, a través de la Sindicatura y su Dirección Jurídica, iniciará un deslinde de responsabilidades y presentará denuncias ante la Auditoria Superior del Estado de Puebla y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, por presunto daño patrimonial superior a los 90 millones de pesos que, se detecta sólo del ejercicio 2018, le provocó a los tlatlauquenses el ayuntamiento presidido por José Ángel Pedro Guerrero Herrera.

En conferencia de prensa, el presidente municipal, Porfirio Loeza Aguilar, informó que la Comisión de Entrega Recepción encontró graves anomalías en la actuación del ex alcalde Ángel Guerrero, quien indebidamente benefició a familiares con contratos millonarios, vendió ilegalmente una parte del patrimonio municipal, simuló obra pública y utilizó recursos municipales para beneficiar a sus empresas, además que desapareció expedientes contables y, dolosamente, no entregó el expediente técnico de Tlatlauquitepec Pueblo Mágico.

Para respaldar el posicionamiento del alcalde Loeza Aguilar sobre el dictamen del Proceso de Entrega Recepción, en esta conferencia de prensa lo acompañaron la síndica municipal, Cristina Romero Villegas, la tesorera, Edith Nolasco Lucio, el regidor de Gobernación, Pedro Augusto Jiménez López, así como de la Dirección Jurídica, los abogados Sergio López Moreno y Enrique Cruz Mendoza, quienes recalcaron por separado que, en algunos casos, la evidencia de los delitos detectados es clara y contundente.

Loeza Aguilar es abogado de profesión, por lo cual, al señalar las anomalías administrativas cometidas por el gobierno de Ángel Guerrero, puntualizó categóricamente que lo presenta públicamente porque tiene en su poder las evidencias, las que apuntan a demostrar que el ex alcalde se aprovechó del cargo para beneficiarse de muchas maneras, algunas de las cuales son reversibles, como la venta ilegal de un predio donde se pretendió instalar un panteón privado, el cual van recuperar “porque es justo que se le regrese al pueblo lo que es del pueblo”.

Los casos que presentó ante la prensa regional, dijo, sólo son un pequeño ejemplo del daño patrimonial que el alcalde saliente le provocó al pueblo de Tlatlauquitepec, porque no existe la documentación contable de 2014 a 2017, y lo revisado solo es del uno de enero al 14 de octubre de 2018. Este daño puede rebasar los 90 millones de pesos, en relación a que el saqueo de la documentación del título de Pueblo Mágico que le otorgó al pueblo la SECTUR federal puede afectar gravemente los ingresos del comercio y, principalmente, de los prestadores de servicios turísticos.

En el asunto de los predios y bienes inmuebles del municipio, a Loeza Aguilar le parece excesivo que en detrimento de los tlatlauquenses el ex presidente Ángel Guerrero pretenda despojarlos de seis de las siete hectáreas que, para bien de todos, en su anterior periodo él dotara al Hospital General. En poco más de una se instaló el nosocomio y en las seis hectáreas de reserva se construiría un albergue comunitario para familiares de enfermos hospitalizados. La venta del predio en la que se construiría un panteón privado, está plagada de irregularidades, por lo cual podrá revertirse.

Loeza Aguilar recordó a los reporteros que le ha tocado a él adquirir para su pueblo una reserva territorial. En su administración anterior hizo esfuerzos para aportar las 13 hectáreas que la federación y el estado le pidieron para la construcción del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Sin terrero el proyecto estuvo a punto de cancelarse y con la donación de este predio logró rescatar la clave de una escuela superior que hoy es muy importante para el desarrollo del municipio, ilustró.

Lo mismo ocurrió con el nuevo hospital, al que de común acuerdo con el gobierno del estado en un trienio anterior que presidió, logró donarle 7 hectáreas, en las cuales además de las áreas donde se construyó el hospital general y, donde se proyectó construir el albergue comunitario para las personas que requieren atención médica, quedaría suficiente espacio al gobierno para expandir los servicios médicos hacia algunas especialidades que requiere la población.

Para revertir este daño, informó que instruyó a la Dirección Jurídica y a la Sindicatura municipal, para que inicien las acciones legales pertinentes a recuperar el predio que, con errores técnicos en el procedimiento y al margen de la legalidad, Ángel Guerrero pretendió “vender” a presuntos prestanombres para instalar ahí un panteón privado.

Incluso dijo que el proyecto del cementerio no es malo, pero debe ser público. “Vamos a ver de qué manera recuperamos ese panteón privado porque el cementerio de Contla ya es insuficiente, ya no hay donde la gente sepulte a sus deudos, (pero) queremos recuperar el panteón para Tlatlauquitepec, para la población, porque es justo que se le regrese al pueblo lo que es del pueblo.

Otro caso más que, dijo, llamó mucho la atención de los integrantes de la Comisión de Entrega Recepción, es el de Serranos en Acción, una agencia de desarrollo rural que opera recursos del gobierno federal y que está a cargo Héctor Guerrero, hermano del anterior presidente municipal. A esta agencia maneja un presupuesto anual de 2.5 millones de pesos y a través de Apolinar Sánchez, obtenían recursos y el material vegetativo con cargo al ayuntamiento.

Recibían presupuesto operativo del gobierno federal y aun así sacaban dinero del ayuntamiento para beneficiar a Serranos en Acción, con acciones que han sido vinculadas intereses políticos. “Vamos a hacer los documentos respectivos para solicitarle al gobierno federal nos informe cuánto recibió esta agencia en más de 5 años trabajando en Tlatlauquitepec”, porque -añade- realmente no ha beneficiado a la gente pobre y les hacía firmar documentos y condicionó apoyos a cambio de votar por el Partido Acción Nacional.

De los casos donde el conflicto de intereses es evidente y en el que la Comisión de Entrega Recepción puso atención, el alcalde Loeza Aguilar mencionó que se detectaron pagos hechos al Hotel San Miguel, una empresa que en documentos está a nombre de Liceo Cano Marcelo, aunque extraoficialmente se dice que el dueño es Ángel Guerrero. La póliza observada indica que de enero al 14 de octubre de 2018 se le hicieron pagos por servicios de hospedaje por más de 700 mil pesos.

En el caso de los pagos por consumo de gasolina, una cuenta que se integró al expediente de investigación entregado a las autoridades competentes, Loeza Aguilar destacó que, únicamente con los documentos que les dejaron, se detectó que un gasto excesivo que suma 5 millones 859 mil pesos, pagados del uno de enero al 14 de octubre de 2018 a la empresa gasolinera Los Pinos, propiedad de Javier Guzmán Jiménez. Explicó que es injustificado por no hay bitácoras de recorridos ni el inventario de vehículos a los cuales se les suministró la gasolina.

El presidente municipal mencionó que también existen pagos indebidos a presuntos prestadores de servicios y que aparecen en nómina como empleados del ayuntamiento. Incluso se detectó que, a Pablo Rivera González, le hicieron pagos mensuales por 18 mil 750 pesos por mantenimiento a los gimnasios al aire libre, cuando estos espacios públicos tienen aparatos mecánicos que no requieren mantenimiento continuo.

De otros casos que detectó la Comisión de Entrega Recepción y que se suman al grave daño que Ángel Guerrero le causó al patrimonio de los tlatlauquenses, está el pago injustificado por 7 millones 346 mil pesos a Dilis Arrieta Báez, por concepto de elaboración de alimentos. Según la póliza observada, Arrieta Báez y un familiar directo recibieron cheques por servicios de comida. “Sabemos que esta persona era trabajadora del restaurante del que es dueño el anterior presidente municipal”, indicó.

Porfirio Loeza agregó un caso igual de grave que puede ser recusable por los montos y por existir conflicto de intereses, y es el pago de publicidad a Bertha Elizabeth Jaramillo Fernández, suegra del ex tesorero municipal y ex candidato del PAN a presidente municipal, Felipe Prado Lozada, a quien, en un solo día, el día 10 de octubre de 2018, le realizaron seis transferencias electrónicas por un total de 117 mil 392 pesos. A esta persona, dijo, de enero a octubre de 2018, le pagaron por concepto de publicidad un monto global de 910 mil pesos.

Con la documentación que les entregaron quienes fungieron en el gobierno anterior, que comprenden únicamente de enero a octubre de 2018, porque desaparecieron los expedientes contables de 2014 al 2017, la Comisión de Entrega Recepción en los 90 días que la ley les concede para observar las anomalías, detectó que el 10 de octubre pasado, a unas horas de dejar la administración, realizaron transferencias bancarias a diferentes personas, todas ellas señaladas como prestanombres. Entre ellas están Edith Santiago y Jonathan Islas, a quienes injustificadamente se les realizaron pagos por un monto de 2 millones 500 mil pesos.

El alcalde indicó que a Edith Santiago se le vincula directamente como prestanombre de Moisés Morales, tío de la esposa del ex presidente municipal y actual diputada local, Nancy Jiménez. Comentó que Edith Santiago fue secretaria del ayuntamiento en un periodo anterior, y se sabe que no tiene empresa alguna que justifique ese cobro, lo cual despertó las suspicacias, concretamente porque es secretaria en la empresa que tiene Moisés Morales.

De otras anomalías detectadas, resalta el caso de la Unidad Deportiva Los Pinos, en la cual Ángel Guerrero registró una inversión no justificada de 18 millones de pesos. Aquí el presidente Porfirio Loeza fue muy claro, al informar que, por la contundencia de las pruebas, es un asunto que ya se denunció ante el Gobierno Federal y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que se investigue, se revisen los conceptos pagados y los trabajos ejecutados.

Amplió que, para la Unidad Deportiva Los Pinos, “en mi gobierno anterior hicimos un proyecto general de remodelación y lo mandamos al gobierno federal para etiquetarle recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se autorizó y el dinero lo aplicó el presidente municipal que salió”. Por ello conoce muy bien el tema y por la obviedad de las irregularidades detectadas la Comisión observó la obra de inmediato.

“Es una obra que supuestamente costó más de 18 millones de pesos, y la gente puede ver físicamente que a esta la unidad deportiva únicamente le hicieron una pista, un cercado que pintaron de azul y le construyeron unas pequeñas palapas”, lo cual no justifica la inversión declarada, porque ya tenía cancha deportiva, tableros, una cancha de fútbol rápido. Con base en este sustento se observó para la Auditoría Superior del estado, y se denunció ante la SFP y el Gobierno Federal.

Loeza Aguilar recalca que el alcalde anterior no se limitó en sus excesos y usó indebidamente recursos del municipio para beneficio de sus empresas. Cita, de entre otros casos más, el uso de la red de cámaras de seguridad de la Policía Municipal para vigilar sus propiedades. Es algo indebido, explicó, porque los recursos de seguridad pública deben ser para el pueblo y su operación sirve para darle eficacia a los operativos preventivos. Y es un abuso porque Tlatlauquitepec no tiene tantas cámaras de seguridad como se requiere, imputó.

“Nos llamó la atención que en la revisión del sistema se detectara una cámara enfocada a vigilar las 24 hora del día el hotel del ex presidente municipal”, afirmó al mostrar en documentos gráficos la cámara que está enfocada a vigilar el hotel propiedad de Ángel Guerrero. “Pero también -añade con disgusto- hay otras dos cámaras, que están en Contla, una vigila la casa del alcalde que salió (Ángel Guerrero), y otra la casa del ex secretario general del ayuntamiento, Alejandro Hernández”.

Cabe puntualizar que, en las observaciones hechas en el dictamen del Proceso de Entrega Recepción, lo que reveló a los medios, es una pequeña pero numerosa muestra de las anomalías que evidencian claramente el daño patrimonial causado a los tlatlauquenses. Y entre ese voluminoso expediente, está el caso del embargo de Casa Olvera, cuyas irregularidades jurídicas hacen presumir que se pretendía desincorporar ese inmueble, a través de una artimaña muy viciada.

De este tema, el abogado Sergio López Moreno, de la Dirección Jurídica, informó que pese a todas las irregularidades es posible revertir la situación de Casa Olvera. El inmueble está afectado por un juicio de embargo que dejó sin resolver la anterior administración y en la que, penosamente, se detecta que retardaron a propósito actos de defensa e, incluso, que bloquearon absolutamente todo intento de defensa del grupo de personas que la tenían en comodato para fomento cultural.

López Moreno, agregó el alcalde Porfirio Loeza les encomendó tratar de rescatar este inmueble que es del pueblo. Así iniciaron una etapa de conciliación entre las partes y, por el avance que tienen, el abogado anunció que será posible llegar a un acuerdo si el propósito principal es que en ese inmueble se fomente la cultura, la música, las artes plásticas y otras manifestaciones artísticas.

Finalmente, para abonar albricias a la sociedad civil que hace esfuerzos para fomentar la cultural, y para aportar algo bueno en este escenario negativo, López Moreno adelantó que “es muy probable antes que concluya el mes de febrero, bajo la autorización del ciudadano presidente, estaremos entregando términos legales a los tlatlauquenses este bien inmueble.” //Sierranorte /Sierranorte Digital.
Imputan a Ángel Guerrero daño patrimonial a Tlatlauqui por más de 90 millones de pesos